La entrega del puerto
Tanto el Frente Amplio como el propio Carrera afirmaron que se trataba de una “persecución política” por el rol que le cupo al legislador como denunciante ante la Justicia del acuerdo del gobierno con la multinacional belga Katoen Natie, que determinó la extensión de la concesión de la terminal especializada en contenedores del puerto hasta 2081.
En el programa La letra chica de TV Ciudad, entrevista al Senador Carrera: "Que hoy salgan muchas gremiales a denunciar la concesión del puerto a Katoen Natie, nos da la razón. Acá se creó un monopolio privado".
El monopolio en el puerto de Montevideo se suma a la posición dominante de los supermercados que importan productos de la canasta familiar, generando un directo impacto en la canasta básica. La suba de tarifas dispuesta afecta los bolsillos, disminuyendo el poder de compra de los uruguayos. Además, encarecen nuestras exportaciones con todo lo que ello implica para la colocación de los productos nacionales en el comercio internacional. Por si fuera poco impacto, el Estado se ve obligado a inversiones millonarias en dragados que lo exponen a denuncias de Argentina por acciones unilaterales sobre un recurso natural que se administra de forma conjunta.
La directora vocal por el FA en la ANP - Alejandra Koch- posteó en su cuenta de twitter que tras los anuncios sobre los aumentos en las tarifas de los servicios portuarios sesionó el Directorio de la ANP sin que en la misma se ofreciera información relevante ni contara con la presencia de los directores de ANP en TCP S.A.
Disconformidad de las gremiales de agroexportadores e industriales por aumento de tarifas dispuesto por Terminal Cuenca del Plata.
La empresa había definido aplicar un ajuste a partir del 1º de julio, pero luego lo postergó. Tras reuniones con el Gobierno termina fijando la suba en un 17%.
TCA desestimó la falta de legitimación que interpuso el MTOP contra los diputados del FA que demandaron el acuerdo.
TCP había anunciado un incremento de 24,1% en las tarifas, pero tras una reunión con el gobierno la empresa decidió dejar en suspenso la suba.
Justificando el incremento por la caída sostenida del dólar y el aumento de los costos, Terminal Cuenca del Plata corrige tarifas al alza.
Según recoge la citada emisora, Koch dijo que la empresa belga tuvo un “aumento de ganancias en más de US$ 20 millones en un año” y “sin realizar ninguna inversión”, en tanto que en 2022 la “disminución de ingresos para la ANP fue del orden de los US$ 3 millones”.
La petición de los legisladores de la oposición busca impugnar la resolución del Poder Ejecutivo dictada en Consejo de Ministros el 25 de febrero de 2021, que aprobó el acuerdo que prevé la extensión de la concesión de la terminal de contenedores hasta 2081.
En votación dividida (4 a 3) el TCR no formuló objeciones al proceso que llevó adelante la ANP en torno a la modificación y ampliación de la concesión a TCP.
Charles Carrera y Mario Bergara presentaron el recurso en Fiscalía por "graves delitos contra el patrimonio público y la entrega del Puerto de Montevideo hasta el año 2081 a la multinacional"
La bancada de la oposición entiende que el acuerdo conforma un monopolio, algo que no puede hacerse sin que dos tercios de ambas cámaras del Parlamento lo aprueben.
El Frente Amplio ratificó denuncia.
El Presidente publicó un mensaje en twitter.
Los senadores del Frente Amplio denuncian penalmente al exministro de MTOP Luis Alberto Heber, al subsecretario del MTOP, Juan José Olaizola, al prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y al presidente de la ANP, Juan Curbelo.
Se realiza la interpelación al exministro de Transporte y Obras Públicas Luis Alberto Heber, donde se le increpa la ilegalidad del acuerdo firmado, generando un monopolio ilegítimo a favor de Katoen Natie, así como varias irregularidades en los procedimientos administrativos a la hora de aprobar el nuevo Reglamento General de Atraque de Buques, el Régimen de Gestión del Puerto y la Prórroga del contrato. En la misma, Cabildo Abierto cuestiona el hecho de que no se establezcan límites para que la empresa Katoen Natie pueda enajenar su participación en Terminal Cuenca del Plata, habida cuenta de la valoración de sus acciones obtenida producto de la posición favorable otorgada por el acuerdo. La interpelación termina con una moción de censura promovida por el Frente Amplio que no prospera producto de no contar con las mayorías necesarias
Entre los meses de junio y agosto, la Bancada de Senadores del FA presentó varios pedidos de acceso a la información pública con la finalidad de acceder a los antecedentes del acuerdo.
Comparecen nuevamente Heber y su delegación ante la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado. Ahora, presentan un supuesto informe jurídico atribuido al prosecretario Ferrés —que ni siquiera tiene su firma— y resulta evidente que no estaba firmado antes de la firma del acuerdo.
Comparece Luis Alberto Heber y su delegación a la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, donde faltan a la verdad al Parlamento: Afirman que existen asesoramientos jurídicos que justifican lo que se suscribió; citan que hubo profesionales que los asesoraron; reconocen que no tenían todos los anexos firmados todavía.
Uno de los ministros del TCR, el Ing. Miguel Aumento, del Frente Amplio,fundamentó su voto discorde sobre la aprobación de los términos del acuerdo entre la Administración Nacional de Puertos (ANP) y la empresa belga Katoen Natie, por la operativa de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, durante la sesión ordinaria del 30 de marzo de 2022 en el mencionado organismo.
El Poder Ejecutivo tramita el expediente 2021-2-1-0000471, en el cual se procesa la extensión del plazo de concesión hasta el año 2081. Las actuaciones pretenden cumplir con el requisito del art. 377 de la ley 19.355, el cual exige el previo asesoramiento de la ANP antes de prorrogarse concesiones portuarias. Se le pide informes a la asesoría jurídica y al área de operaciones. A ninguna de estas áreas se les proporciona el texto del acuerdo ni información alguna acerca de los dos elementos que la ley manda analizar: las inversiones que se comprometería a hacer el concesionario y el plazo. Se reitera: los profesionales desconocen siquiera el plazo de la prórroga de la concesión sobre la cual asesoran. A los profesionales se les encarga realizar informes “a ciegas”, sin saber acerca de qué asesoran. En consecuencia, producen informes “vacíos”, con información genérica.
Ante la Asamblea General, el presidente de la República anuncia la existencia del acuerdo transaccional con la empresa Katoen Natie. Al mismo tiempo, la empresa comunica lo mismo a la opinión pública. Socios de la coalición multicolor se enteran del acuerdo junto con la oposición.
La empresa (propietaria del 80% de Terminal Cuenca del Plata) reclamaba por violaciones del tratado de protección de inversiones entre Bélgica-Luxemburgo y Uruguay.
En los últimos días de tratamiento en plenario del presupuesto quinquenal, el Dr. Rodrigo Ferrés hace ingresar en el proceso legislativo lo que a la postre sería el artículo 332 de la ley 19.924 de 18.12.2020. Según declararía él mismo en Fiscalía, la intención era validar que la extensión de la concesión se haga por 50 años en lugar de 30. No queda documentado tratamiento legislativo alguno de esa norma, que aparece recién en la última versión del proyecto.
El día 6 de mayo de 2020, sin ningún análisis o actuación documentada por parte de los representantes del Estado, se firma la primera acta de acuerdo, la cual delinea casi todos los componentes que tendría el acuerdo definitivo, incluyendo el reconocimiento de que el Estado incumplía hasta ese punto normativa portuaria y que el acuerdo definitivo diría que de ahora en más sólo se permitirá la operación de contenedores por parte de Terminal Cuenca del Plata. Los representantes del gobierno acuerdan que la operación de contenedores en el resto del puerto será prohibida, salvo situaciones excepcionales. A eso se suman toda otra serie de beneficios que se complementan en otra acta del mes de agosto con el compromiso de extender la concesión en las nuevas condiciones hasta el año 2081, ampliándose el área concesionada a la terminal y eliminando topes a los precios que cobra.
Entre marzo de 2020 y febrero de 2021, las autoridades inician una serie de negociaciones —de las cuales no hay mayores registros—, a los efectos de arribar a un acuerdo con Katoen Natie. Los negociadores por el Estado Uruguayo fueron Luis Alberto Heber, Juan José Olaizola, Rodrigo Ferrés y Juan Curbelo. Por Katoen Natie participaron Fernando Correa, Vincent Vandecauter, Dr. Paul Arrighi y Dr. Augusto Durán Martinez. (Esta información surgió de las indagatorias en Fiscalía).
A días de que asumiera la nueva administración, la empresa Katoen Natie envía al Poder Ejecutivo una reiteración del pedido de negociación. En la misma se expresa por primera vez el supuesto monto del reclamo, el cual valoraban en 1500 millones de dólares, sin fundamentación ni desarrollo que lo sustente, solo una mera y exorbitante cifra. Sorprende de dicha comunicación de febrero de 2020 que la misma se haya remitido también a las autoridades que todavía no habían asumido (Luis Lacalle Pou).
El 15 de octubre, Katoen Natie Group notificó al Estado Uruguayo el inicio del período de consultas previsto por el Tratado, donde se planteaban diferendos en cuanto al tratamiento que estaría teniendo la empresa, que vulneraría determinados estándares del Tratado referido en el numeral anterior.
A prinicipios de octubre, la ANP le responde a Katoen Natie, que la novedosa interpretación que hacen sus asesores legales —afirmando que ellos tenían derecho a una preferencia al amparo del Dec. 183/994— es errónea y contraria al régimen legal de la actividad portuaria y al propio régimen contractual de gestión de la terminal, el cual dice textualmente que la terminal debe competir libremente con otros operadores que trabajen en otros muelles. KNG recurre la respuesta por falta de vista previa.
En agosto de 2019, el grupo KNG presentó una petición a la ANP solicitando que toda la carga contenerizada que arriba al Puerto de Montevideo sea dirigida a la Terminal Cuenca del Plata (propiedad 80% del grupo KNG y 20% de la ANP), basándose en una interpretación novedosa del artículo 72 del Dec. 183/994.